PERU: ¿Acaso los presos por terrorismo liberados no tienen derecho a reinsertarse en la sociedad?


Por Raúl Mendoza
Tuvo que salir en libertad la norteamericana Lori Berenson, mediática figura del desarticulado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), para que el país viviera niveles de intolerancia pocas veces vistos hasta ahora y se desatara la polémica por la excarcelación de presos acusados por terrorismo. El caso ha servido para que ciertos sectores interesados –los fujimoristas por ejemplo– levanten el ‘cuco’ de que se viene una oleada de excarcelaciones o, lo que es peor, un rebrote del terrorismo por la debilidad de los tres últimos gobiernos. Pero no es así. “Lo que se está haciendo es construir un fantasma, porque eso da réditos políticos”, dice Javier Torres, antropólogo y directivo de Servicios Educativos Rurales (SER).
¿Se justifica la intolerancia, la grita, la condena desatada contra Berenson? No. “Hay una sensibilidad comprensible en la sociedad debido a que la violencia desatada por el MRTA y Sendero Luminoso está muy fresca en la memoria. Pero creo que los medios de comunicación y ciertos voceros han sobredimensionado el tema, han instigado a la población, la han cargado de rencor y hasta creo que han jugado con los sentimientos de la gente, con esa sensibilidad que todavía está a flor de piel”, precisa Torres. Desde hace varios años otros presos por terrorismo vienen dejando las cárceles –con beneficios o porque simplemente cumplieron su condena– y no tenemos esa espiral de violencia que muchos quieren hoy sacarse de la manga.
Ahora que Berenson está en libertad, no solo hay quienes le han armado plantones frente al edificio en que vive, o la han insultado, también los políticos que buscan casos como este para salir en los medios han empezado a insuflar miedo y rencor en la población: “Hay que ver a dónde los expulsamos, son asesinos y criminales” o “Deben quedarse adentro toda la vida”. Esas afirmaciones no se sostienen en una democracia, donde aquel que cumple su condena tiene que ser liberado y tiene derecho a reintegrarse a la sociedad, a trabajar y hasta a incursionar en política dentro del marco de la ley. “El sentido de la prisión en una sociedad democrática es la rehabilitación y no la venganza”, dice el sociólogo Eduardo González Cueva, especialista en derechos humanos. Además, muchos de los encerrados bajo cargos de terrorismo han renunciado a sus organizaciones en prisión y están desvinculados.
Uno de los casos más notorios es por ejemplo el de Alberto Gálvez Olaechea, ex dirigente del MRTA, quien militó en esa organización desde 1986 y renunció a ella en 1992. De sus 62 meses de militancia estuvo preso 42 meses. Él ha pedido perdón por sus acciones y todavía cumple una condena de 24 años. En unos años estará libre. Ha publicado un libro en prisión y ha sido galardonado dos veces en concursos narrativos. Cuando salga, ¿tendrá que vivir estigmatizado toda la vida tras pagar con creces los delitos cometidos?
Reinsertarse
Para ciertos sectores, un condenado por terrorismo que ya cumplió su condena debe quedar marcado para siempre. Pero hay casos y casos. Hay dirigentes altamente ideologizados que no han cambiado, pero también gente que ha pagado cárcel por haber volanteado o pintado una pared. “Tuvimos un proceso de violencia política que llevó a muchos peruanos a la cárcel. Algunos ya han salido y otros están por salir. Pero eso no significa que el terrorismo va a resurgir de manera automática. Las condiciones del país son otras, existe un rechazo probado ahora sobre las formas de violencia de estos grupos. Los que salgan libres tienen derecho a rehacer su vida y el Estado también tiene derecho a protegerse de ellos con la inteligencia debida. Eso es lo adecuado”, dice Javier Torres, de SER.
Por estos días también se debate la posibilidad de que miembros de estos grupos violentos puedan participar en política. “Si hay personas que fueron militantes, han pagado sus culpas y han reformado sus ideas del pasado, no se debería impedir su participación en política. En América Latina hay casos de personas que participaron en movimientos subversivos y luego del paso de los años, del pago de sus culpas, han tenido presencia política. Lo que ocurre en el Perú es que el caso de Sendero Luminoso fue de una violencia extrema y es entendible que la población tenga dudas sobre la capacidad de sus militantes de rehabilitarse”, dice Eduardo González. Finalmente, si cualquier miembro de estas organizaciones se decide a participar en política, en elecciones, la gente puede expresar ahí el rechazo que siente por ellos. ¿Por qué no confrontarlos dentro de la legalidad, en el juego democrático?
También se ha dicho que el decreto 927 dado en el gobierno de Alejandro Toledo beneficia a los terroristas porque les permite salir al cumplir tres cuartos de la pena. Esta es la historia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado peruano adecúe la legislación antiterrorista de Fujimori porque iba en contra de normas internacionales. Y el gobierno de Toledo debió aceptar un fallo del Tribunal Constitucional para adecuar dicha legislación. “Si no se expedía una norma legal que otorgara y regulara los beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo, estos demandarían la inaplicabilidad de la norma que los prohibía para sus casos. Con ello podrían haberse acogido a los beneficios para no terroristas, obteniendo la libertad condicional con solo un tercio de la pena”, explicó Fausto Alvarado, ministro de Justicia de Toledo, en un comunicado. Además el otorgamiento del beneficio está supeditado a la discrecionalidad del juez, que puede concederlo o no.
Queda pendiente una pregunta final: ¿Qué lugar tienen los derrotados de esa guerra que vivimos en los ochenta en nuestra sociedad? Javier Torres, de SER, ha señalado en un documento que “la CVR no dio ningún tipo de recomendación frente a estos actores de la guerra ante los cuales habría que plantear fórmulas para su reinserción en la sociedad. Los hechos posteriores demuestran que sigue siendo un tema tabú”. Más bien, el vicepresidente Luis Giampietri ha lanzado una propuesta autoritaria: resucitar la ley de apología al terrorismo. Eso sí es un retorno al pasado.
adiós a las armas
•URUGUAY-José Mujica, “El Pepe”, actual presidente de Uruguay, fue un guerrillero tupamaro en los años 70, y más tarde diputado, senador y ministro de Tabaré Vásquez. Desde 1970, cuando su organización fue desarticulada, estuvo preso por 15 años. Salió libre en 1985 por un indulto concedido por el presidente Julio María Sanguineti a todos los presos políticos. Ganó la presidencia el 2009 con el movimiento Frente Amplio.
•COLOMBIA-El M-19, grupo guerrillero formado en Colombia en la década de los 70 se desmovilizó en 1990. Protagonizaron secuestros, atentados y en 1985 tomaron el Palacio de Justicia colombiano. Cinco años después, tras conversaciones de paz, renunciaron a la lucha armada y entregaron las armas. Antonio Navarro Wolf, uno de sus máximos dirigentes, fue tercero en una elección presidencial, constituyente y ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria.

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