CHILE: EL GOBIERNO DE PIÑERA Y LAS TAREAS DE LOS TRABAJADORES


Para: www.PerspectivaInternacional.Net

Decíamos en la SIPONA previa a la segunda vuelta presidencial, que el patrón de acumulación capitalista neoliberal chileno presenta dos características: es dual, ya que al tiempo que genera grandes riquezas para las clases dominantes, produce estructuralmente una gran explotación y pobreza para los trabajadores y el pueblo, debido a su forma de funcionamiento; y es contradictorio, ya que la estabilidad del modelo se torna incompatible con la gobernabilidad debido a que la opción de profundizar el modelo significa la pérdida de gobernabilidad, fomentar la dinámica movilizadora y una respuesta represiva, en tanto la apuesta por una gobernabilidad centrada en la participación ciudadana, implica la reformulación del modelo neoliberal tal como se ha desarrollado hasta hoy.
Con la victoria de Piñera, empresario con un patrimonio cercano a los US$ 1.300 millones de dólares, y con la definición de su gabinete ministerial plagado de representantes de los grandes grupos económico-financieros, estos asumen directamente la conducción del Estado, por lo que la “solución” a esta contradicción inherente al modelo se definió optando por buscar resolver los problemas de crecimiento económico, profundizando el modelo neoliberal.
Creemos que siguiendo un modelo similar al de Álvaro Uribe en Colombia, Piñera utilizará una estrategia que mezclará populismo y represión y criminalización sobre las organizaciones populares, en torno al eje de una profundización neoliberal basada en mayor flexibilización laboral, privatizaciones, reducción del gasto social y eliminación de los derechos laborales. No debemos olvidar que a menos de dos días del domingo 13 de enero, el presidente de la Confederación de Producción y Comercio, Rafael Guilisasti Gana, declaró que la CPC pediría al presidente electo la reducción de las indemnizaciones por año de servicio y la modificación del sueldo mínimo; asimismo, una vez conocidos los resultados electorales, desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), así como desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), se le pidió lo mismo al candidato triunfante. Piñera utilizará la lógica de la zanahoria y el garrote, mezclando medidas como los bonos (aunque ya rebajó su monto), el millón de empleos (sin importar la calidad de los mismos), etc., y represión y estigmatización hacia los sectores organizados y movilizados.

LA OFENSIVA PATRONAL CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Entre las primeras medidas populistas de Piñera y que afectan directamente a los trabajadores, además del bono de 40 mil pesos por carga, que como decíamos, ya rebajó, está la creación de un millón de empleos entre el 2009 y el 2014, un crecimiento promedio del PIB de un 6% durante su gobierno, el aumento de la tasa de inversión hasta alcanzar un 28% del PIB en el 2014 y lograr que la productividad de la economía crezca a un ritmo de 1,5 % al año.
Sin embargo, estos grandiosos números que pueden desatar las esperanzas de algunos incautos, esconden una mayor flexibilidad laboral, reducción del gasto social, privatizaciones y reducción de los derechos laborales, e incluso están siendo cuestionados ya por los miembros más ideológicamente neoliberales de su gabinete.
Respecto al gran anuncio de crear un millón de empleos entre el 2009 y el 2014, es decir, 200 mil empleos al año, Piñera todavía no ha dicho cómo se crearán ni que tipos de empleos serán ni en qué sectores se darán, pero Juan Andrés Fontaine, futuro ministro de Economía, ya ha dado luces sobre como surgirán: con flexibilización de las relaciones laborales.
Bajo el concepto de “flexiseguridad” (introducido por el gobierno de Bachelet) el piñerismo sostiene que existirá mayor “seguridad” para los trabajadores desempleados, principalmente con el fortalecimiento del seguro desempleo, al tiempo que una mayor flexibilidad laboral y la modificación de la indemnización por años de servicio permitirían combatir el desempleo. Sin embargo, la real consecuencia de esto será facilitar el despido basado en el artículo 161 “Necesidades de la Empresa”, bajar aún más los costos laborales de las empresas y, por otro lado, profundizar más la explotación de los trabajadores, porque el mentado “seguro” es un seguro mentiroso, que sólo refleja un aporte real del trabajador, ya que el empresario se encuentra facultado legalmente para descontar los aportes que ha hecho en el finiquito del trabajador despedido… He aquí un ejemplo de la lógica del gobierno piñerista, favorecer al empresariado (con mayor flexibilidad, precariedad laboral y menores costos a la hora de despedir) y utilizar los recursos del Estado para paliar los desastres del modelo (aumentando el gasto estatal en seguros de desempleo).
Respecto a la flexibilización laboral, esto ha sido una señal más que positiva para el empresariado, sobretodo después de que la OCDE recomendase a Chile aumentar aún más la flexibilidad laboral y de que gente como Carlos Jorquiera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Luis Mayol, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Rafael Guilisasti, pusieran un grito en el cielo al no avanzarse en la materia. Tanta ha sido la confianza que ha generado Piñera en los capitalistas locales que se ha llegado incluso a plantear en las últimas semanas por parte de Carlos Jorquiera rebajar el sueldo mínimo para quienes tengan entre 18 y 21 años, algo que va en la línea de las propuestas de Piñera quien ha propuesto la flexibilidad salarial para los jóvenes entre 18 y 24 años y el congelamiento del sueldo mínimo durante 4 años para quienes recién ingresen al mundo laboral.
Pero la flexibilización y los abusos no se quedan ahí. Otras de las propuestas magistrales del programa de Piñera son la implementación masiva del teletrabajo y del trabajo en el hogar, lo que implica directamente mayor subcontratación y una mayor explotación, reducción del tiempo libre al imponer el trabajo ahora al interior de los hogares y precariedad laboral en un sistema escasamente controlado, sin contratos ni imposiciones y pobremente remunerado. Como guinda de la torta, Piñera ha propuesto crear un banco de 290 horas extraordinarias a ser distribuidas de acuerdo a los antojos y necesidades de los empleadores, es decir, los patrones podrán extender las horas de trabajo que se les dé la gana, algo que ya ha sido denunciado por la Federación de Trabajadores de Seguridad y Servicios de Chile (FETRASECH) y los trabajadores del retail ya que esto significaría una violación al Código del Trabajo, que estipula que las horas extras deben pactarse con 3 meses de anticipación, algo que afectará de sobremanera a los trabajadores del comercio.

La modificación a la indemnización por años de servicio, en donde se pagaría 15 días por años de servicio versus el mes por año de servicio que se paga actualmente, es un arma directamente diseñada para disminuir los costos de los despidos. Esta demanda histórica del empresariado, permitirá a estos despedir a trabajadores u obligar a jubilarse a otros tantos sin mayores costos, afectando sobretodo a los trabajadores de mayor edad, los cuales podrán ser despedidos y luego recontratados, bajo la fórmula piñerista de Empleos a Trabajo Parcial (trabajos de media jornada o por horas, destinados a trabajadores que hayan jubilado), en condiciones de mayor explotación y precariedad. Así, una mayor explotación e inseguridad laboral será la formula de Piñera para crear un millón de empleos y mejorar la tasa de ganancia de los empresarios, aunque debemos decir que la creación de un millón de empleos no está directamente relacionada con el descenso del desempleo, ya que Piñera nada ha dicho sobre cuántos trabajadores serán despedidos al tiempo que otros serán contratados.
Ahora, todo esto podría hacer suponer a alguien que la situación durante los gobiernos de la Concertación ha sido distinta. Pero, esto no es así. Por el contrario, gracias al código laboral vigente, actualmente el empresariado goza ya de amplísimos márgenes de flexibilidad laboral. Por ejemplo, para la contratación de un trabajador el empresario puede realizar un contrato de aprendizaje, part-time, a plazo fijo, por faena o servicio o el contrato indefinido. Además de esto, puede mantener una relación a honorarios, la que no otorga beneficios previsionales al trabajador, por lo que para la contratación de personal la flexibilidad esta asegurada con al menos seis alternativas distintas (eso, si está dispuesto a hacerle contrato al trabajador, lo que no siempre se cumple). Si el empresario desea cambiar de funciones a un trabajador, puede realizar un anexo de contrato, modificando tanto la labor como la jornada y remuneraciones del trabajador. Finalmente el fin de la relación laboral puede ser por renuncia voluntaria, mutuo acuerdo o por causas imputables al trabajador, todas estas sin derecho a indemnizaciones, o por necesidades de la empresa, lo que engloba cualquier cosa que el empleador quiera y que actualmente ata las manos de trabajadores y sindicatos para la defensa de un trabajador desvinculado por persecución, pero que en el despido sólo aparece artículo 161. Sólo esta causal de despido da derecho a indemnizaciones, de las que se descuenta el “aporte” del empresario para el seguro de cesantía. Todas estas medidas han estado vigentes durante los veinte años de la Concertación, algunas de ellas incluso promulgadas por estos gobiernos.
Revisando todo esto, cabe la pregunta respecto a sobre qué hablan realmente empresarios, economistas y políticos cuando dicen flexibilidad laboral. Por supuesto, de evitar que el sueldo mínimo siga subiendo y en lo posible de eliminarlo para poder pagar lo que deseen, lo que “el mercado” fije en condiciones de “libre competencia”, razón por la cual el desempleo nunca desaparecerá, para mantener la oferta de mano de obra por sobre la oferta de empleo y así bajar las remuneraciones. Además, seguir disminuyendo las indemnizaciones por año de servicio, las que antes no tenían tope, que actualmente se dejan de pagar al contabilizar el año 11 y que el Piñerismo intentará reducir a 6 años, reduciendo además el mes por año a 15 días por año de servicio.
Los trabajadores, con el capitalismo neoliberal abrazado y adoptado por la Concertación, ya estaban mal, pero ahora, con los padres del capitalismo neoliberal en el gobierno, ciertamente estarán aún peor. Y es que no hay capitalismo bueno para los trabajadores. Concertacionista o de derecha, es el capitalismo lo que debemos cambiar.
Directamente relacionado con lo anterior, las promesas populistas de Piñera y los cambios estructurales que realizará a favor de los dueños del poder y la riqueza tienen como pilar fundamental la reducción y destrucción de los pocos derechos laborales que les quedan a los trabajadores chilenos.
Lejos de fortalecer a los sindicatos y su capacidad de negociación, que es como las presentan, las propuestas de la derecha pasan por minar los ya débiles términos de la negociación colectiva. Su propuesta de rebajar el quórum para negociar, de ocho a seis trabajadores, busca aumentar la fragmentación sindical existente y generar un tercer actor paralelo al sindicato con el cual los patrones puedan negociar directamente, dejando de lado aquellas instancias organizativas que puedan generar mayores riesgos para la patronal. En la misma línea, Piñera se ha manifestado a favor de incluir como temas de la negociación colectiva la flexibilidad horaria y el sistema de turnos, que teniendo en cuenta la debilidad de los trabajadores frente a los empleadores en las instancias de negociación, permitirá a estos últimos aumentar las condiciones de explotación existentes.
Para regular y fiscalizar unas relaciones laborales favorables al empresariado, Piñera ha propuesto la modificación de la Dirección del Trabajo con un “Consejo Nacional del Trabajo”, que sea una instancia “autónoma” compuesta por cinco miembros propuestos por el ejecutivo y ratificados por el parlamento binominal, cuya función sería fiscalizar la aplicación de las normas laborales y generar criterios normativos.
Con esto, se busca destruir una instancia que en algo ayudaba a que los excesos empresariales no fuesen tan descarados, y sustituirla por una entidad con mayor independencia (con lo cual el ejecutivo se lava las manos en materia de derechos laborales) compuesta por tecnócratas y gente ligada al mundo empresarial, con la balanza inclinada no precisamente hacia el lado de los trabajadores, misma condición que actualmente se vive en la sala laboral de la corte suprema y que fue la causante del fracaso absoluto de la ley de subcontratación en Codelco Chile.
Otras propuestas importantes de Piñera a tener en cuenta, son la modificación de los Tribunales del Trabajo, de forma tal que dejen de favorecer a los trabajadores; El énfasis en los trabajadores rompehuelgas como solución a las paralizaciones por conflicto, siendo Chile uno de los únicos tres países que permite legalmente el reemplazo durante el proceso de huelga legal (de acuerdo a la OIT); La creación de una nueva instancia para fijar el sueldo mínimo, con el objetivo obviamente de que este deje de ascender; Y, finalmente, acabar con el Estatuto Docente, algo que afectaría directamente una de las conquistas más importantes del profesorado estatal chileno.
Siguiendo con las promesas piñeristas, otro de sus grandes anuncios es un crecimiento promedio del PIB de un 6% durante su mandato. Todo un desafío considerando que la OCDE lo ha estimado en un 4,1%, el Ministro de Hacienda Andrés Velasco en un 4,7% y las estimaciones del Gobierno y el Banco Central, en sus cifras más positivas, lo sitúan en un 5,5%. Sin embargo, la derecha se muestra optimista. El propio Fontaine ha dicho que es posible lograr la cifra del 6% promedio en el 2010 y 2011, aunque ello requiere cambios de fondo (como los nombrados anteriormente), y que a partir del 2012 esto sólo podrá lograrse con un notable aumento en la inversión y en la productividad.
En cifras, para Fontaine la inversión debe subir del 21% del PIB a un 28% durante el gobierno de Piñera, en tanto, la fórmula mágica para aumentar la productividad pasa por producir más con menos, lo que significa una reforma al Estado, es decir, al gasto fiscal y a las empresas estatales. Respecto al gasto fiscal, los sesudos asesores de Piñera han sentenciado la necesidad de reducir el gasto fiscal por no ser sustentable en el tiempo, proponiéndose un crecimiento máximo promedio de un 4% anual, más todavía cuando señalan recibir el gobierno con un importante déficit. Esta reducción drástica del gasto fiscal, en comparación con el aumento que vivió en los últimos años (un 9,7% anual aproximadamente, del cual un porcentaje importante ha correspondido a subsidios encubiertos al empresariado), significará que se verá directamente afectado el gasto social, las remuneraciones del sector público o los empleos del sector público, o todos juntos. Una señal de alarma para los empleados públicos y para todo el pueblo chileno que verán atacados los ya mezquinos servicios sociales existentes.
En lo referente a las empresas estatales y al sector público, se ha comenzado a delinear una privatización encubierta del Estado. En términos generales, bajo el concepto de “modernización”, el Estado se irá privatizando a través de las concesiones a privados, quienes se encargaran de la construcción y gestión de los bienes públicos con dineros de todo el pueblo chileno. En el caso de las grandes empresas estatales, a pocos días de asumir el gobierno, Piñera y su equipo ya han comenzado a tantear el terreno para una posible privatización de Codelco y otras empresas.
En el caso de Codelco, de acuerdo al análisis de Piñera y asesores, la empresa se ha vuelto ineficiente, costosa e improductiva, requiriendo inversiones de al menos 12 mil millones de dólares de aquí al 2018 para volver a ser competitiva.
Entre las opciones disponibles, entre las que se cuentan una inversión por parte del Estado y la modificación al 10% destinado a las Fuerzas Armadas, Piñera ha comenzado a tantear el terreno proponiendo el ingreso del sector privado a la compañía estatal. La fórmula específica que ha propuesto el empresario es colocar un porcentaje de entre el 10% y el 20% en la Bolsa para que este sea adquirido por las AFP, aunque esto último no fue formulado explícitamente en su programa de gobierno.
Esta situación es preocupante, sobretodo, considerando el hecho de que las ventas de Codelco representan actualmente más del 60% de las exportaciones chilenas y entregan cerca del 40% del presupuesto estatal. Obviamente la palabra “royalty” está absolutamente ausente en los planteamientos de Piñera pues nada hará que toque los intereses del gran empresariado nacional y extranjero.
De manera similar se ha pronunciado respecto a Enap (Empresa Nacional del Petróleo) y ENAMI (Empresa Nacional de Minería), en donde el destino de la primera sería similar al de Codelco, proponiéndose colocar un 20% de su propiedad en la Bolsa, en tanto para ENAMI la propuesta es cambiar su gobierno corporativo, para reducir sus costos y hacerla más rentable. El caso de ENAMI es relevante, ya que la empresa siempre se pensó como un aporte a la mediana y pequeña minería, dando acceso a estas empresas a la obtención de un mejor precio en la venta del mineral extraído. Que ENAMI se vuelva una empresa como Codelco supone tanto el cambio en las condiciones laborales de sus trabajadores, como la rebaja del valor de compra del mineral a los medianos y pequeños mineros. Esto no es una novedad, considerando el traspaso de la Refinería ENAMI Ventanas a la estatal y su conversión a División Ventanas. Si bien su impacto en la mediana y pequeña minería fue bajo, debido principalmente en que no se trataba de una oficina de compra, el ascenso del número de trabajadores subcontratados fue evidente.
Otro de los sectores importantes a considerar es el del agro, en donde los empresarios han recibido señales más que positivas de parte de Piñera para revitalizar el alicaído sector, el que, de acuerdo con el análisis empresarial, ha perdido rentabilidad producto del alza en la mano de obra y la poca flexibilidad laboral existente y producto de la baja en el dólar. Sin embargo se debe recordar que este es uno de los sectores laborales más desprotegidos, ya que los trabajadores se ven imposibilitados de formar sindicatos poderosos y de llevar a cabo negociaciones colectivas dignas, por no cumplir con los requisitos de permanencia exigidos en el código laboral.
Entre las propuestas de Piñera y asesores para ayudar al empresariado agrario, están el aumento de la productividad, liberalizar el cultivo de transgénicos, revaluar (limitar) la entrega de tierra a comunidades mapuche, frenar el “nuevo Código de Aguas” y mantener el dólar en un valor favorable para los exportadores. Respecto al nuevo Código de Aguas, este se encuentra como proyecto de ley enviado por Bachelet al Congreso y lo que busca es modificar el artículo 19 de la Constitución estableciendo que las aguas son bienes nacionales de uso público y cuyo dominio pertenece a todos. Obviamente la derecha y el empresariado, con Piñera a la cabeza, se han opuesto a esta iniciativa, criticando la intervención estatal y alegando una violación a los derechos de propiedad (pues el agua dejaría de ser dominio particular para ser patrimonio nacional).
El tema del dólar, finalmente, en palabras de los propios empresarios, es el tema que más les importa, sobretodo en un escenario en donde este ha mostrado una tendencia a la baja afectando directamente sus ganancias. Representantes del capitalismo agro vitivinícola como René Merino, presidente de Vinos de Chile, Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), Rodrigo Echeverría, presidente de Fedefruta y Luis Mayol, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) han hecho un llamado a Piñera para que intervenga en el asunto, encontrando una positiva respuesta. Lo que está por verse es la forma de hacerlo, pues esto será más difícil con neoliberales ortodoxos como Juan Andrés Fontaine, Larroulet, Larraín, Costa, reacios a cualquier tipo de intervención estatal.
Siguiendo en el agro, Piñera no se olvida de los trabajadores. Ha propuesto la creación de 130 mil empleos en el mundo rural y derrotar la pobreza extrema en el sector antes del año 2014, lo cual sería posible, en buena parte, gracias a la creación de un Estatuto del Trabajador Agrícola, que sostiene que “protegerá” a los trabajadores y al mismo tiempo aumentará aun más la flexibilidad laboral para que se adecue a las necesidades empresariales en las distintas estaciones del año. Esto deberá confrontarse con el proyecto de ley que el gobierno posiblemente envíe en marzo, en el cual se busca regular el trabajo de los temporeros, dándole cierta fortaleza a sus organizaciones y a la negociación colectiva, regulando las jornadas de trabajo y entregando un seguro de cesantía. Proyecto que, como han dicho organizaciones como la Confederación Unida Obrero Campesina y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, significan un tardío avance, pero no solucionan todas las problemáticas del sector.
La fórmula piñerista de mayor flexibilidad laboral sólo ayudará a generar mayor precariedad y explotación en los trabajadores del agro, sobretodo temporeras. Estos viven bajo un sistema en donde los contratos y el empleo estable no existen (de las cerca de 200 mil trabajadoras del agro, el 85% son temporeras y sólo el 15% tiene contrato estable) y las formas de pago son absolutamente injustas.
Este sistema abusador ha descansado sobre dos herramientas en favor de los empresarios: 1) los contratos por faena (o por obra), que son aquellos en donde el trabajador se obliga a realizar un trabajo material o intelectual específico y determinado, manteniendo una relación con el empleador sólo mientras dure aquella labor. Esto implica que es un trabajo momentáneo y que además impide a los trabajadores negociar colectivamente y libera a los patrones de pagar indemnización por años de servicio. 2) Pago a trato, que significa que se paga por unidad de trabajo realizado, por ejemplo, por los kilos cosechados, los árboles cortados, las cajas embaladas, etc., es decir, no se paga por horas ni por días trabajados. Este sistema, obliga a los temporeros a extender sus jornadas de trabajo, sobreexplotándose a sí mismos para poder producir más, reduciendo las horas de descanso y el tiempo dedicado a la familia, y vinculándose con varios empleadores en distintas tareas de acuerdo a la estación del año y al tipo de cultivo existente, para poder generar mayores ingresos. Ganándose así el empresariado una masa de trabajadores “dispuestos a sobreexplotarse”, con baja capacidad legal para negociar y hacia los cuales no debe mayores derechos.

LOS ESCENARIOS EN LA CONCERTACIÓN Y EL PAPEL DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL. Gran parte de las dinámicas movilizadoras estarán determinadas por el rol que juegue la oposición concertacionista. Debido a las contradicciones y fuerzas internas en juego, explicadas en la SIPONA, es posible anticipar dos escenarios para la Concertación en el corto y mediano plazo: 1) una Concertación que se repliega ordenadamente y constituye un “frente progresista” de centro-izquierda, que libera de forma controlada, sin alterar mayormente la gobernabilidad, la movilización social como herramienta de negociación con la derecha y como medio para recomponer su base social de militantes y simpatizantes volver al poder en el 2014; 2) una Concertación que explota y se divide entre un sector que se inserta dentro del campo popular con un discurso de izquierda y movilizador y un sector que se acerca hacia posiciones de centro-derecha.
En cualquiera de los dos escenarios, la movilización social cobra un papel fundamental en tanto le permite a todo el sector concertacionista (y dentro de la Concertación incluimos al Partido Comunista, de gran relevancia a la hora de hablar de movilizaciones) en reconfiguración o a un fragmento escindido de esta, reformularse con un rostro progresista en un proceso de acumulación de fuerzas en las bases sociales dentro de un eje de movilización social por la defensa de las “conquistas” logradas durante los gobiernos concertacionistas, entrampando al mismo tiempo reformas claves para el gobierno piñerista.
Renovar su imagen, acumular fuerzas y frenar los avances de la derecha sobre sus bases electorales, esos son los objetivos de la movilización social a ser impulsada por la Concertación o lo que quede de ella. De ahí que vuelvan a cobrar importancia para la Concertación sus dirigentes poblacionales, y los gremios controlados directamente por esta, aquellos sobre los que ejercen influencia y aquellos que arrastran con sus políticas. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC, que actualmente no representa los intereses de los trabajadores de planta de Codelco), Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC, Trabajadores Contratistas de Codelco y de la Minería Privada), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y el CONFECH, entre otros, serán la punta de lanza en este sentido.
Por lo anterior, no es de extrañar que inmediatamente después del triunfo de Piñera la CUT y la Concertación hayan empezado a posicionarse frente al escenario que se avecina. Ya en su frustrado camino a la Moneda y la conformación de una “fuerza progresista”, Frei había logrado un acuerdo con la CUT comprometiéndose a fortalecer el rol de los sindicatos, instaurar el diálogo social, que la protección social cubra factores como el desempleo y dar un impulso a la creación de una AFP estatal”. Ahora, con Piñera en el poder, la alianza se hace más estrecha y evidente con la reunión de la CUT con los diputados Carolina Goic (DC), Adriana Muñoz (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló (PS), Osvaldo Andrade (PS), Lautaro Carmona (PC) y Guillermo Teillier (PC), con la idea de conformar una “Bancada Social” que sea la voz de la CUT dentro del parlamento, y los compromisos adquiridos por Martínez con el nuevo Presidente del PS, Fulvio Rossi.
Esta amalgama entre las expresiones sindicales y parlamentarias de la Concertacion, tendrá como principales contenidos la libertad sindical basada en la sindicalización automática y la desafiliación voluntaria, una ley de organización sindical que establezca un sindicato único por empresa (Aunque un sindicato único no siempre es una buena herramienta, en el caso de dirigentes vendidos, ya que el actual código laboral pone muchas trabas para lograr sancionar a estos dirigentes), y el aumento de las sanciones a quienes realicen prácticas antisindicales.
Algunas de estas reivindicaciones ya están presentes en dos proyectos de ley, que serán parte de un paquete de reformas laborales a ser enviadas por Bachelet antes de que finalice su mandato (como ha anunciado la ministra del Trabajo Claudia Serrano al conocer que el índice de desempleo del último trimestre fue del 8,6% según el INE), para darle una guía conductora al accionar de la Bancada Social y de la CUT y para colocarle piedras en el camino a Piñera.
Siguiendo con la CUT, a los pocos días de la victoria de Piñera se celebró en la casa central de la multisindical una reunión entre los dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y afines de Chile (FENATRAPECH), ENAMI, Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), ANEF, CONFUSAM, Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) entre otros. En dicha reunión rechazaron las propuestas de Piñera en materia laboral, en lo referido a la flexibilización, modificaciones de la indemnización por años de servicio y las posibles privatizaciones a las empresas públicas, respaldándose a Arturo Martínez (acusado por Piñera de no representar a los trabajadores), quien amenazó con movilizaciones en caso de que Piñera atacase los derechos laborales de los trabajadores chilenos.
En esta línea, en la última semana la CUT ha anunciado una serie de movilizaciones el día que asuma Piñera, el día de la mujer y el 28 de marzo en conmemoración de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, todo esto dentro del objetivo de “generar convergencias para la lucha social”, lo que tendría como punto álgido la una asamblea nacional de los sectores de izquierda en mayo próximo.

PERSPECTIVAS EN EL MUNDO SINDICAL – SITUACIÓN FEBRERO 2010 En cuanto a los ejes de movilización, los distintos gremios y sindicatos, incluidos aquellos manejados por la Concertación y aquellos más autónomos, han comenzado a denunciar las implicancias de las reformas de Piñera y han manifestado su intención de resistirlas. Veamos algunos casos, sin la intención de ser exhaustivos, para ir entendiendo la dinámica que va comenzando a adquirir el movimiento sindical.
En el caso de la ANEF, su preocupación es evidente al ser el Estado y los cargos públicos uno de los principales botines de guerra en juego en una elección, es de prever una expulsión masiva de funcionarios públicos ligados (y no ligados también) a la Concertación y una precarización de sus condiciones laborales producto de las modificaciones que Piñera ha anunciado para el sector público, provocando un temor generalizado dentro de un sector que había gozado de gran estabilidad laboral. Es por esto que el Consejo de Presidentes y Delegados de las asociaciones afiliadas a la ANEF, encabezadas por Raúl de Puente, han llamado a estar alerta y a movilizarse frente a cualquier intento de la derecha por tocarlos.
Otro de los sectores que en las últimas semanas ha estado en la mira de la derecha y que ha provocado una rápida reacción por parte de los trabajadores es el de las empresas públicas minero-energéticas. Frente a los anuncios de entrada de capitales privados a Codelco y Enap y un cambio al gobierno corporativo de ENAMI, los trabajadores de estas empresas han manifestado su total rechazo a estas iniciativas y se han pronunciado por la defensa de un Codelco 100% estatal, para lo cual han anunciado la creación de una Confederación minero-energética que agrupe a los trabajadores de la FTC, ENAP, ENAMI y la Federación de Mineros de Chile (en donde se agrupa la minería privada).
Junto con los anuncios privatizadores, la FTC, en su consejo directivo nacional ampliado han denunciado que desde el 18 de enero (inmediatamente después del triunfo de Piñera) se han cambiado los contratos para los trabajadores nuevos, quienes estarían ganado menos que los antiguos, esto, impulsado por personeros de la Concertación, pero dentro de la misma lógica del plan piñerista para mejorar la productividad de la empresa.
Por otra parte, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), en la voz de Cristian Cuevas, se ha sumado a la defensa de un Codelco 100% estatal y han puesto en la palestra la necesidad de una nueva ley de subcontratación. De acuerdo con Cuevas y con Jorge González, presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, la ley de subcontratación del 2006 es ineficiente pues no deja claro que se entiende por “giro de empresa”, convirtiéndola en una ley muerta que permite que las compañías sigan evadiendo sus responsabilidades con los trabajadores. Por tanto, más que una modificación, se está planteando la creación de una nueva ley en donde quede claramente estipulado que un trabajador debe tener asegurado sus derechos por parte de una compañía cuando este le preste servicio por más de 30 días a través de una empresa contratista.
Por su parte, el Colegio de Profesores, en voz de su presidente el comunista Jaime Gajardo, ha anunciado que reanudarán las negociaciones con el ejecutivo respecto a remuneraciones, condiciones laborales y el pago de la deuda histórica, algo que puede ser delicado considerando el potencial movilizador de los profesores y el hecho de que Piñera haya mencionado la idea de acabar con el Estatuto Docente.
En el sector salud, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), el Colegio Médico y la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) han anunciado la lucha por mejoras salariales y han denunciado una “privatización” encubierta de la salud.
Las reivindicaciones que ha esbozado la CONFUSAM, de acuerdo a su presidente Jaime Muñoz serían: “que se amplíe la figura del retiro permanente para que el funcionario cuando abandone sus funciones por edad tenga un salida digna con algunos recursos en el bolsillo; que se solucione la situación de inequidad en los servicios del sector rural, fundamentalmente las postas; queremos que se considere que la atención primaria sea considerada como una situación de alto riesgo; y que se erradique la idea de privatizar los consultorios, más aún ahora con el gobierno de derecha”, a las que hay que sumar un aumento de los sueldos base mínimos nacionales contemplados en el estatuto de atención primaria y el rechazo a los Bonos-Auge. Respecto a esto último, serían un ejemplo de la privatización encubierta de la salud, siendo criticados también por el Colegio Médico y la Fenpruss -que también han anunciado el inicio pronto de reivindicaciones salariales- (El Bono-Auge sería dado a toda persona que tenga una enfermedad AUGE y que no sea atendida oportunamente y con la calidad merecida, con el cual podría atenderse en otro hospital o servicio de salud, incluyendo el sector privado. Con esto, los privados tendrán acceso al dinero de todo el pueblo chileno bajo la excusa de una mejor atención en salud)
En el sector del retail, estos ya han comenzado las movilizaciones bajo la consigna “No al Plan Laboral de Piñera”. Con una marcha por el centro de Santiago, que agrupó a la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio (CONSFECOVE), que agrupa a trabajadores y subcontratistas del retail, y dirigentes sindicales de Lan, La Polar, Federación de Guardias de Seguridad y de Isapres, los trabajadores rechazaron la flexibilidad laboral, la rebaja a las indemnizaciones por años de servicio, las modificaciones a la Dirección del Trabajo y la creación de un Banco de 290 horas.
Por último, dentro de este mapeo general de los trabajadores y las organizaciones sindicales, tenemos el caso de los trabajadores del salmón y de los pescadores artesanales. La Industria Salmonera se encuentra en la banca rota con una deuda superior a los US$ 2400 millones con la Banca Privada, y US$ 1000 millones en compromisos impagos con sus proveedores. Para rescatar a esta industria en decadencia, el gobierno de Bachelet ha puesto en discusión una reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que posee la ya repetida formula del neoliberalismo para solucionar los problemas de los empresarios: la privatización, en este caso del mar. Por más que el gobierno denuncie los abusos e irresponsabilidades sanitarias, ambientales y laborales como causas de la destrucción de la industria, esta ley viene sólo a maquillar estos aspectos siendo realmente un salvataje para los industriales salmoneros.
Mediante esta nueva Ley de Pesca se pretende que las concesiones, que son bienes de uso público y patrimonio del pueblo chileno, puedan ser hipotecadas o empeñadas para de esta forma salvar a los empresarios del salmón, es decir, con esta ley las zonas costero marítimas (el mar chileno y no las propiedades de los empresarios) serán hipotecadas para que sirvan como garantías a los bancos para que otorguen nuevos créditos a las empresas y se puedan repactar las enormes dudas existentes. Con esta hipoteca de las concesiones, estas podrán ser transferidas y adquiridas por privados, perdiendo el Estado y pueblo derecho sobre estas, lo que constituye la privatización de nuestro mar.
La ley, ingresada a principios del año pasado, se mantuvo dormida hasta hace poco cuando el gobierno, los bancos y los parlamentarios ligados a la industria salmonera (Vallespín, Recondo, Horvath, entre otros), la revivieron. Actualmente la Ley se encuentra en la Cámara de Diputados en donde las controversias surgen principalmente en torno a dos puntos, el que establece un plazo de 25 años para las concesiones y se renovará por igual periodo si es que no han contravenido las normas medioambientales, y el que caduca una concesión por infracciones laborales. Este último establece que las concesiones no se les renovarán a aquellas empresas que tengan más de 3 sentencias ejecutorias por prácticas sindicales por más de tres periodos consecutivos.
Respecto al primer punto, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (CONAPACH) ha dicho que los 25 años sólo afectarán a las concesiones nuevas en tanto las empresas antiguas que provocaron la crisis social y económica seguirán teniendo contratos indefinidos. Respecto al segundo punto, este parece otro volador de luces en tanto no contempla a las empresas subcontratistas, con lo cual en una de las industrias más explotadoras y criminales que se conoce en el país podrán seguir abusando de los trabajadores a su antojo.
La Federación de trabajadores del salmón de Puerto Montt (FETRAINPES), la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón (CONATRASAL), la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (CONAPACH) y la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Gente de Mar, Portuarios y Pesqueros (CONGEMAR), ya ha manifestado su preocupación al respecto y su rechazo a la privatización del mar. Debiendo también tener en cuenta a los miles de cesantes que ha dejado la crisis de la industria del salmón, y a aquellos que engrosarán las filas de desempleados debido a que enero y febrero son el periodo de cosecha de la trucha y el coho (llamado también salmón plateado) siendo despedidos los trabajadores de estas labores en marzo (unos 5.000 trabajadores más).
Preocupación también debe generar esta situación para los pescadores artesanales, por un lado, porque la privatización del mar de seguro se extenderá a otra zonas, reduciendo cada vez más el mar disponible para la pesca artesanal, y por otro lado, lo permisivo de la Ley permitirá que continúe el uso excesivo de antibióticos, de los cuales sólo entre el 5 y el 40% son aprovechados por el pez, perdiéndose el resto en el mar y en las extracciones de la pesca artesanal. En definitiva, una ley para salvar a los empresarios, privatizar nuestro mar y seguir perpetuando las condiciones de explotación de los trabajadores del salmón y negándoles sus derechos a los pescadores artesanales, es lo que se avecina.

LAS TAREAS DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO Los primero que debemos hacer como trabajadores y como pueblo es entender dos cosas, en primer lugar, el carácter de clase del gobierno de Piñera y cómo detrás de sus promesas populistas y de los grandes números que nos ofrece, se esconde mayor precariedad y flexibilidad laboral, menos derechos laborales, mayores privatizaciones, más neoliberalismo y una mayor represión hacia el pueblo. En segundo lugar, debemos entender el rol de la Concertación y de sus dirigencias, las que encabezarán o se encontrarán detrás de buena parte de las movilizaciones que se den, comprendiendo que si bien en la lucha reivindicativa marchamos juntos, nuestros objetivos difieren completamente, en tanto lo que buscan ellos es reformularse como conglomerado y recomponer su base social para volver al poder y seguir administrando un sistema político y económico que sólo beneficia a las minorías privilegiadas de este país.
En este marco, las tareas que se nos presentan pasan por resistir la ofensiva patronal de Piñera, defendiendo los pocos derechos que tenemos como trabajadores, pero no deteniéndonos ahí, sino que luchando por extender y ampliar conquistas que mejoren nuestras condiciones como clase.
Frente a las movilizaciones y luchas que la Concertación instrumentalmente utilizará para reconfigurarse no podemos quedarnos fuera, no porque queramos servir de vagón de cola a la Concertación, sino porque en estas se movilizarán trabajadores de base, trabajadores pobres y explotados, que genuinamente quieren mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que las demandas que serán levantadas sí corresponden en parte a reivindicaciones necesarias para ir avanzando hacia conquistas muchos mayores (no fines en sí mismos como sostiene el reformismo).
Sin embargo, estar en las movilizaciones que impulse este sector no significa ser meros espectadores, sino todo lo contrario, nos plantea el desafío de ir siempre un paso más allá, de hacer ver que los límites que las dirigencias concertacionistas impondrán no bastan para solucionar las verdaderas causas de la explotación y la desigualdad en Chile, de hacerle entender a nuestros compañeros trabajadores que solamente a través de la lucha es cómo vamos avanzando, como lo hemos aprendido en los últimos años, en donde la lucha “ilegal” y, en muchos casos, la utilización de la acción directa, han sido los únicos medios para lograr nuestras demandas.
No dejaremos de lado a nuestros compañeros trabajadores que saldrán a la calle convocados por esos mismos que durante las últimas décadas sólo se dedicaron a contener, institucionalizar, reprimir y criminalizar la movilización social para mantener en pie la gobernabilidad concertacionista y profundizar el neoliberalismo en Chile, sino que aprovecharemos este impulso movilizador para ir generando la organización autónoma y propia del pueblo y los trabajadores, al calor de la lucha y como producto de esta, porque la Concertación se movilizará, la Concertación se reconfigurará, la Concertación tal vez volverá al poder, y cuando esto ocurra, la Concertación volverá a darle la espalda a los trabajadores.
Las reformas que pretende imponernos el piñerismo, muchas de ellas preparadas por la misma Concertación, deben ser combatidas, así como también deben ser combatidos todas las negociaciones que las dirigencias sindicales concertacionistas den a espaldas de las bases para negociar sus mezquinos intereses o para evitar que la situación se escape de sus manos y ponga en riesgo la gobernabilidad general del sistema.
En este sentido, como MIR hacemos un llamado a todos los trabajadores de Chile a resistir la ofensiva patronal de Piñera y a construir con autonomía la fuerza propia de los trabajadores y el pueblo, a construir su propio proyecto político, en defensa de sus intereses y de los intereses generales del pueblo.
Pero, así como los trabajadores nos preparamos para resistir y combatir, el nuevo gobierno también prepara sus fuerzas represivas y sus aparatos de inteligencia y seguridad para evitar un aumento de la conflictividad social.
Los patrones querrán encauzar nuestras reivindicaciones a través de una institucionalidad que sólo les favorece a ellos, y cuando decidamos salir de estos cauces y movilizarnos con autonomía, nos harán caer todo el peso de sus aparatos represivos.
Frente a esta situación, debemos generalizar mecanismos de movilización que generen una verdadera presión hacia los patrones y los obliguen a ceder. Serán las paralizaciones, serán los cortes de caminos, la toma, las huelgas, las marchas, el sabotaje, los mecanismos que deberemos utilizar y, cuando los patrones nos repriman, debemos también estar preparados para ejercer nuestro legítimo derecho a defendernos, utilizando la autodefensa y la acción directa de masas.
La situación de los trabajadores se presenta difícil, el gobierno entrante nos quiere aun más explotados y empobrecidos, y el gobierno saliente nos quiere movilizados para reunir las fuerzas necesarias para retornar al poder y volver a darnos la espalda. Sin embargo, las luchas de los últimos años nos han otorgado valiosas lecciones y hemos entendido que no es la legalidad y no es la Concertación las que nos ha permitido avanzar en nuestras reivindicaciones, sino nuestra propia fuerza y nuestra propia determinación.
Ese es el camino que debemos seguir fortaleciendo: la lucha independiente y combativa de los trabajadores. Sólo la lucha nos permitirá adquirir la fuerza y la experiencia necesaria para construir organizaciones de clase que vayan arrebatándole a los explotadores el control que actualmente ejercen sobre nuestro destino y nos permitan construir el poder del pueblo.

LUCHANDO AVANZA EL PUEBLO
NI UN DIA DE GOBERNABILIDAD PARA LA DERECHA
DESATAR LA CRISIS DE LOS PODEROSOS

COMISIÓN DE TRABAJADORES


MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA


MIR DE CHILE
Febrero de 2010.


Por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile

Sistema de comunicaciones
http://www.chile-mir.org

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