Perú: La sombra macartista y los derechos sociales – PERSPECTIVA INTERNACIONAL


la "disciplina" carcelaria

La petición de libertad del Dr. Abimael Guzmán, si bien es exaltación pero no delito de apología porque no hay «incitación» a un delito.

El requisito de la «incitación» para que pueda haber delito de apología esta normada en los pactos internacionales que Perú tiene suscrito. En la STC del 3 de enero de 2003, exp. nº 010-2002-AI/TC establece:

«[L]os jueces del Poder Judicial deben ser especialmente sensibles en su protección [de la libertad de expresión], y por lo tanto, deberán aplicar estos tipos penales de conformidad con el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, en el sentido de que lo prohibido es la apología que constituya incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal.En consecuencia, la aplicación de este artículo 316 del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista, o su autor, constituya delito; sino que deben respetarse ciertos límites. Estos son:

a) Que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado;
b) Que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, esta debe tener la condición de condenada por sentencia firme;
c) Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propalar el elogio a un número indeterminado de personas; y,

d) Que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso.»

Estas son sus normas del Estado Peruano, que para modificarlos tendría que denunciar tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como la Convención Americana de Derechos Humanos, dos instrumentos fundamentales en cuanto a los Derechos Humanos.

La mera petición de amnistía para un detenido que está cumpliendo condena, sea cual sea el delito que ha cometido, no supone un elemento perseguible penalmente, pero los medios mediáticos, y acólitos al gobierno y la reacción peruana quieren poner un bozal cualquier expresión que no se ajuste a su “verdad” de paz de cementerios.

Los medios que infunden el terror y un gobierno que viabiliza su militarización y reaccionarización legalizando más represión se arrancan los cabellos por las peticiones de libertad hacia el Dr. Abimael Guzmán pero en cambio todos los días oímos cómo se pide la libertad de Fujimori (condenado por crímenes contra la humanidad) y nadie declara que eso sea «apología de crímenes contra la humanidad»). Claro está entonces la preferencia y la parcialidad y claro está todos esos medios quien les paga y quienes son y fueron sus dueños y que papel jugaron en la Guerra interna.

 

            Sobre la cantaleta de equiparar condenados y excondenados por delitos de terrorismo. No es lo mismo un subversivo que un ex subversivo, no es lo mismo, y menos en Perú con la cantidad de gente que entró en la cárcel sin pruebas que sustentaran la acusación (por lo que luego fueron liberados, tras la anulación de sus procesos). Situación que al estado le resulto una papa caliente por las innumerables injusticias de las detenciones, que hacían desbordar los centros penitenciarios, y que de manera discriminada el fallecido padre Lansier tenía el imperio de los indultos, que de alguna manera muchos inocentes, pero no todos, pudieron salir en libertad pero que los macartistas como si fueran las huestes antijudías siguen estigmatizando.

            Las leyes y constituciones se establecen principalmente por la suma de los factores reales de poder que rigen en cada país. La constitución de EEUU, la declaración Universal de los derechos Humanos, las constituciones de Weimar (Alemania) o la de Querétaro (México), no hubiesen aparecido si la fuerza de los pueblos no les hubiera impuesto tales condiciones y derechos sociales que necesitaron aquellos pueblos. En el Perú la imposición de un régimen de facto como lo fue el gobierno de Fujimori, con el beneplácito de las clases dominantes y la arremetida contra el pueblo erigieron la constitución del 93. Algunos intelectuales del Derecho se esfuerzan en justificar la Constitución irrita de Fujimori, pero el hecho es que defienden su estus quo, defienden la arremetida leguleya de un régimen de facto santificado por la constitución las leyes y la Iglesia. Pero ni esta ni otras no podrán imponerse sobre las normas y tratados internacionales que la sociedad producto de sus luchas a alcanzado.

Habría que recordar y puntualizar los conceptos de estas normas que amparan los derechos conquistados sobre la persona humana:

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Su artículo 4 reza “Toda persona tiene derecho a la libertad de (…) opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.”

Declaración Universal de Derechos Humanos: Su artículo 19 establece “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: El artículo 19, inciso 2, expresa “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…) ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): El artículo 13 dice que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…) ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”

Sobre este último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, se expidió en los siguientes términos: “(…) quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” (del considerando 30).

En el mismo precedente se hizo hincapié en el aspecto no sólo individual sino también social del derecho a la libertad de expresión, sentando, en palabras que hacemos propias, que en su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Es decir, la difusión del pensamiento deviene la contracara del derecho a pensar, no pudiendo escindirse una de otra sin un certero menoscabo al derecho subyacente de libertad de expresión; por ende, expresión y difusión de ideas resultan aspectos indivisibles del mismo derecho madre. En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de información que permite la comunicación masiva entre las personas. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. Las dos dimensiones mencionadas de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito que, sobre la base de pretender una información veraz para la población, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación con el objeto de intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.

En conclusión el Perú esta reditando las eras oscurantistas inquisitoriales, y remedando el estilo Macartista, bajo la venia y complacencia de las fuerzas reaccionarias del Poder y el Gobierno. Estos que se apresuran a “disciplinar” la sociedad por que ve su panorama futuro, las olas de rebeliones que Europa, Oriente y el Norte están irguiéndose. La historia y la sociedad avanza, pese a las sombras que quieran imponer algunos grupos de poder, no es cuestión de fe, es cuestión de leyes sociales que están por encima de las leyes escritas.

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