Terrorismo: Una acusación ambigua para la represión


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Prof. Juan Carlos Sánchez 

Asturbulla.
La definición de terrorismo adoptada a nivel
internacional es ambigua y ello lleva a un
sinnúmero de interpretaciones que permite
criminalizar cualquier protesta.
El sistema penal constituye el arma por
excelencia para encarcelar a quienes son pobres o pretenden ejercer su derecho a reclamar ante la arbitrariedad estatal que vulnera sus derechos fundamentales. Es la más poderosa herramienta de control social que, en manos de la policía y los jueces, tiene la burguesía con la finalidad de
erradicar el “sobrante” de pobreza en el
capitalismo sin tener en cuenta que se trata de seres humanos a los cuales ha condenado de antemano mediante la política económica y social en un Estado determinado.
Por otro lado, el imperialismo viene proponiendo la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones que forman parte de las fuerzas policiales y la incorporación de la figura de “terrorismo” en los Códigos Penales de los Estados latinoamericanos, lo cual fue aceptado por los países integrantes de la Alianza del Pacífico y en parte por otros, como nuestro país, en el marco de la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.
Sin embargo, la definición del concepto de
terrorismo que se ha adoptado a nivel
internacional es, a la vez, ambigua y amplia. Ello lleva a un sinnúmero de interpretaciones
jurídicas que permite criminalizar cualquier acto de protesta e inclusive, la tarea que llevan a cabo los comunicadores sociales y periodistas en varios países con respecto a la defensa de los Derechos Humanos y la crítica fundada a los actos de gobierno.
Varios instrumentos jurídicos supranacionales se ocupan de la cuestión y podemos advertir la ambiguedad y amplitud de aquello que se pretende definir como terrorismo o acto terrorista.
Sin embargo, conviene detenerse en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ONU – 1999) que, en el punto b) del inciso 1 de su artículo 2º, expresa que “Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y
deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer: b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” y en plena concordancia, el inciso 5 señala que “Comete igualmente un delito quien:
a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 o 4 del
presente artículo; b) Organice la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 o 4 del
presente artículo o dé órdenes a otros de
cometerlo; c) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1 o 4 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común. La contribución deberá ser intencionada y hacerse:
i) Ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo; o ii) Ya sea con conocimiento
de la intención del grupo de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo”.
Pero también la Convención Interamericana
contra el Terrorismo (OEA – 2002) habla de
“prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo” en su artículo 1º y se limita a las definiciones esbozadas en otros diez instrumentos jurídicos a nivel internacional, disponiendo luego la inaplicabilidad de la excepción por delito político, la denegación de la condición de refugiado y la denegación de asilo para quienes se solicite la extradición con motivo de los delitos previstos en los mencionados convenios y
convenciones.
La ambiguedad y la amplitud Al definir ampliamente, resulta clara la intención
de criminalizar la protesta y ello ha sido
recogido en nuestro derecho por la Ley
Antiterrorista que ha permitido procesar a más de 6.000 luchadores populares. El hecho de “intimidar” con las protestas sociales a un
gobierno o la “facilitación” de los medios para la protesta, incluyendo la difusión de las
actividades, motiva que sea considerado como terrorista a todo aquel que sea señalado como “intimidador” o “facilitador”.
De allí que la ausencia de una definición
concreta acerca del terrorismo permite una
amplia interpretación judicial que lleva a la
arbitrariedad y a la discrecionalidad en aquellas causas penales donde se aplique la mencionada norma o en los juicios de extradición, como ocurre con Oswaldo Quispe.
Para evitarlo, se recurrió a la vía financiera y ello permite monitorear los movimientos de dinero por parte de quienes realizan las actividades.
Ello puede llevar, por ejemplo -al absurdo-, a
considerar a un fondo de huelga como
“terrorista”.
De Joaquín Pérez Becerra a Oswaldo Quispe
La normativa internacional que hemos
mencionado ha facilitado la detención y
extradición de numerosos militantes políticos y sociales en los Estados latinoamericanos. Basta recordar el proceso de extradición del periodista Joaquín Pérez Becerra a Colombia, desde la República Bolivariana de Venezuela, el cual estuvo plagado de innumerables irregularidades
y que concluyó con un juicio amañado que lo
condenó a las mazmorras de Santos. Al igual
que Quispe, fundó ANNCOL desde cuya web
denunció las violaciones a los Derechos Humanos por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y por ello se lo sindicó como enlace de las FARC- EP.
Lo mismo está ocurriendo ahora con el colega Oswaldo Quispe en nuestro país, con un proceso de extradición que intenta inculparlo por “terrorismo” por parte del gobierno de Ollanta Humala. Pero con el agravante del antecedente de la extradición de los 6 campesinos paraguayos, la cual fue otorgada pese a los claros indicios de ser inculpados por razones políticas y en abierto abandono del histórico asilo que ha brindado nuestro país a los perseguidos políticos.
Sin dudas, la verdadera definición de terrorismo es otra: Será terrorista aquel que se oponga a las decisiones del imperialismo y de sus cómplices locales.

edición desde el cautiverio

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