AUTOR: ALVARO ALANIA POZO
América Latina ha sido un continente signado por tempestuosos y violentos, pero a la vez, esperanzadores procesos revolucionarios, por medio de los cuales, en cada uno de los países donde estos se produjeron, las clases oprimidas buscaron romper con la dominación imperialista de potencias extranjeras y tomar el control político de sus respectivos países para, a partir de ahí, erigir un orden nuevo y superior que acabe con la opresión, la explotación y la injusticia a las que son sometidas por el sistema capitalista.
En la gran mayoría de países latinoamericanos, los movimientos y levantamientos populares que surgieron llegaron a desarrollarse en su forma más elevada cuando organizaciones políticas de izquierda se levantaron en armas y se enfrentaron a los Estados que estaban en manos de las oligarquías y burguesías de sus respectivos países.
Estos procesos revolucionarios se desenvolvieron en países tales como Uruguay, con los guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros; Argentina, donde se levantaron en armas los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo; Brasil, con la sublevación de la Alianza Nacional Libertadora liderada por Carlos Prestes; Colombia, donde han desplegado su acción armada varias organizaciones guerrilleras tales como el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; Guatemala, con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; El Salvador, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; Nicaragua, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional incluso llegó a tomar el poder; México, con el Grupo Popular Guerrillero, el Partido de los Pobres, entre otras organizaciones armadas; y también en el Perú, donde se levantaron en armas en los años 60 el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y ya en los años 80, decidieron emprender el camino de la lucha armada el Partido Comunista del Perú y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Muchas de estas organizaciones políticas fueron derrotadas finalmente por el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, y otras, ante la imposibilidad de lograr la victoria y para evitar que la sangre del pueblo se siga derramando innecesariamente, decidieron iniciar conversaciones con sus gobiernos llegándose a concretar acuerdos de paz. Con la culminación de la guerra, se abrió un nuevo escenario en estos países, con nuevos problemas derivados del desarrollo y fin de dicha guerra. Debido al carácter y a la naturaleza política del conflicto armado, los problemas surgidos fueron esencialmente políticos. Esto demandó la necesidad de dar una solución política a los problemas derivados de la guerra en los respectivos países que atravesaron conflictos armados internos, y la forma que históricamente se ha utilizado para lograr ese objetivo, ha sido a través de leyes de amnistía para las partes involucradas en la guerra, lo que abrió el paso para iniciar un proceso de reconciliación nacional.
La amnistía es la institución jurídica que mejor recoge los elementos legales necesarios para arribar a una solución política que contemple todos los intereses de la sociedad luego de finalizado un conflicto armado interno, ya que la amnistía es aplicable solo a delitos políticos y cuando este conflicto ya concluyó. Dentro del Derecho Internacional, la aplicabilidad de leyes de amnistía general es defendida por el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en la disposición referida a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que estable lo siguiente:
“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”
Pero ha sido la fuerza y la razón de la historia la que se ha encargado de demostrar en la práctica la necesidad de una amnistía general luego de un conflicto armado interno. Inclusive, remontándonos en la historia universal y peruana, podemos descubrir que se dio una ley de amnistía que benefició los comuneros de París en 1889 y que, en el Perú, se otorgó una amnistía a Diego Cristóbal y sus partidarios en 1782, quien había asumido el liderazgo de la rebelión campesina iniciada por su primo Túpac Amaru II, el cual había sido ejecutado dos años atrás. Durante el siglo XX, en todos los países latinoamericanos en los que se han desarrollado conflictos armados internos, una vez finalizados, se han otorgado amnistías que contribuyeron a cerrar ese capítulo de su historia y a iniciar procesos de reconciliación nacional. En Uruguay se promulgó una ley de amnistía en 1985, en Argentina en 1973, en Brasil en 1979, en Colombia en 1982, en Guatemala en 1996, en El Salvador en 1993, en Nicaragua en 1988 (en donde fueron los guerrilleros del FSLN, ya habiendo tomado el poder político en su país, quienes promulgaron una amnistía para permitir a la contra incorporarse nuevamente a la vida política del país), y en México en 1978. En nuestro caso, en el Perú, y a pesar de que en la actualidad algunos sectores reaccionarios y la izquierda burguesa se oponen furibundamente a la necesidad de una amnistía general para los prisioneros políticos, la historia nos indica que se dieron leyes de amnistía en la década del 30 y en la década del 70; esta última benefició a las guerrillas del MIR de Luis De La Puente Uceda. En este recuento, estoy obviando las leyes de autoamnistía que promulgaron las dictaduras tales como la argentina (con Reinaldo Bignone), chilena (con Augusto Pinochet) y peruana (con Alberto Fujimori); amnistías que fueron utilizadas por dichos gobiernos y por miembros de sus Fuerzas Armadas para blindarse y eximirse de responsabilidad por los delitos de lesa humanidad que cometieron y que les permitía seguir persiguiendo y criminalizando a quienes combatían contra ellos. Este tipo de leyes desnaturalizaban totalmente el carácter y la verdadera finalidad de una amnistía.
En síntesis, las leyes de amnistía han sido promulgadas a lo largo de la historia en varios países de nuestro continente, y han sido instrumentos que han permitido generar las condiciones para cerrar las heridas causadas por lo desgarradora y violenta que resulta una guerra, y más aún tratándose de una guerra a través de la cual se decide el destino de un determinado orden social, político y económico. Veamos sino el caso de países como Uruguay, Brasil o Nicaragua, cuyos actuales presidentes son ex guerrilleros amnistiados. Solo con una amnistía general se podrá dar el primer paso en nuestro país para lograr una verdadera reconciliación nacional, que termine con la estigmatización y ensañamiento contra los que se levantaron en armas para transformar nuestra sociedad y que permita echar por tierra también con todo un marco jurídico que es utilizado para criminalizar las luchas del pueblo en pos de la reconquista y defensa de sus derechos fundamentales.
* ESTUDIANTE DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
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